Washington, 8 feb (Prensa Latina) Un juez federal bloqueó la orden del gobierno de Donald Trump de poner en licencia administrativa a dos mil 200 empleados de la desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El juez Carl Nichols del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, a quien Trump en 2019 durante su primer mandato (2017-2021), dijo en la corte la víspera que aprobaría una orden de restricción temporal limitada para evitar la entrada en vigor de la disposición en la medianoche de este 8 de febrero.
También comentó que decidiría si los 500 trabajadores que ya están de licencia serían reincorporados.
Según explicó, los sindicatos Asociación Estadounidense del Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno alegaron que sufrirían un «daño irreparable».
En una audiencia celebrada ayer, los demandantes pidieron al tribunal que suspendiera inmediatamente las órdenes de evacuación dadas al personal de la Usaid en diferentes países y que se restableciera sus accesos a los sistemas informáticos.
Al menos 611 miembros del personal esencial de la Usaid permanecen en sus cargos y el gobierno indicó que no tiene planes de reducir esa cantidad.
Los abogados de los demandantes argumentaron que la importante reducción de personal, las evacuaciones y el desarraigo de las personas de sus trabajos y hogares constituyen violaciones de la separación de poderes y de las asignaciones del Congreso.
De acuerdo CBS News, los gremios laborales denunciaron que a causa de la medida están separando familias y que los hijos de los empleados de Usaid son sacados de las escuelas en todo el mundo.
Se cortó el acceso a la atención sanitaria de esos trabajadores y muchos tienen que volver a estados sin vivienda ni fuente de ingresos, subrayaron además.
«Se trata de una destrucción a gran escala de prácticamente todo el personal de una agencia», afirmó un abogado.
Imágenes de la prensa local captaron este viernes el momento en que era eliminada la señalización en la sede de Usaid en el centro de esta capital.
El lunes pasado el secretario de Estado Marco Rubio anunció que asumía como director en funciones de la agencia federal, en medio de la ofensiva del presidente Trump y de Elon Musk que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental por hacerla desaparecer ante cuestionamientos de corrupción y malgasto de sus fondos.
«Se supone que debe responder (Usaid) a las directivas políticas del Departamento de Estado y se niega a hacerlo», subrayó Rubio durante su visita a Panamá.
Recordó que en su audiencia de confirmación dejó claro que «cada dólar que gastemos y cada programa que financiemos, estará alineado con los intereses nacionales de los Estados Unidos».
La política exterior estadounidense es para promover los intereses de los Estados Unidos (…) si vas a gastar el dinero de los contribuyentes, entonces debes gastarlo en beneficio de los intereses nacionales de los Estados Unidos, acotó.
Sin embargo, no pocos analistas califican a la agencia como uno de los instrumentos de la Casa Blanca que utilizan los servicios de inteligencia para su injerencia exterior.
Un artículo publicado por la revista Foreign Policy apuntó una vez que durante las décadas de 1960 y 1970, la agencia se asoció con la extinta Oficina de Seguridad Pública de la CIA, un departamento que formó cuerpos de seguridad extranjeros en «técnicas de terrorismo y tortura».
A tono con aquella publicación, la Usaid siempre se negó a la participación en este tipo de actividades, por lo que en 1973 el Congreso decidió eliminar el programa, porque tales acusaciones dañaban la imagen pública de Estados Unidos.
Referencias de prensa alegan que cuando el programa de marras «fue cerrado, la Usaid ya había ayudado a capacitar a miles de militares y policías» en distintos países.
Resultaron bloqueadas otras órdenes ejecutivas del mandatario como la que va contra el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento (con demandas de al menos 22 estados) y la que pondría en la calle a través de un «renuncia diferida» o indemnizada a miles de empleados federales que «sobran» en este empeño por reducir la plantilla gubernamental.
Las medidas que han tratado de implementarse son una evidencia del poder que ejerce en Washington el multimillonario Musk con su recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, aunque hay quienes no le auguran mucho tiempo a esta luna de miel entre el magnate presidente y el magnate tecnológico.